Por Christian Carrillo
“El político se convierte en estadista cuando comienza a pensar en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones.” – Winston Churchill
En el umbral del 2018 la clase política tiene que asumir un compromiso cívico y ético para llevar a cada rincón de México paz, crecimiento económico y prosperidad, y así combatir la inseguridad y la desigualdad social que sigue imperando en índices preocupantes en nuestro país.
Este compromiso debe atender la construcción de un modelo de gobernabilidad legítimo, eficiente, estable, transparente y económicamente sólido ajeno a las coyunturas electorales, el cual, debe estar acompañado de una participación ciudadana que contribuya con argumentos, propuestas y sin revanchismos a reducir los índices de corrupción, marginación y el distanciamiento entre ciudadanos, y gobernantes.
En este sentido, la gobernabilidad debe ser entendida como:
“un estado de equilibrio dinámico entre el nivel de las demandas sociales y la capacidad del sistema político (estado/gobierno) para responderlas de manera legítima y eficaz”. (Camou 2001:36)
Por ello, ante la efervescencia del proceso electoral 2018 no se debe limitar ni obstaculizar el trabajo y consolidación de las reformas estructurales, económicas, y de seguridad que deben dar sustento al desarrollo generacional de nuestro país en los próximos 30 años.
Es necesario aferrarnos al camino de la gobernabilidad por la vía democrática, donde la ley, las instituciones, los servidores públicos y centren sus esfuerzos en dar certeza legal y solución a las necesidades primarias de las presentes y próximas generaciones.
Ante este reto, atender la gobernabilidad significa:
- Fortalecer el Estado Democrático de Derecho a través de la aplicación del binomio: respeto y cumplimiento de la ley; sin que la ley y las instituciones del Estado sean instrumento de represión política.
- Ejercer la política centrando a la ley y a toda política pública en el mejoramiento de los ciudadanos y de las familias mexicanas para generar un desarrollo óptimo, de calidad y con justicia social.
- Evitar la búsqueda del poder por el poder y de personajes populistas, y autoritarios.
- Desarrollar todo mecanismo, proceso e instituciones para articular estrategias en favor de la seguridad y la protección de los Derechos Humanos.
- Consolidar el desarrollo sostenible para erradicar los niveles de pobreza que aquejan a México y elevar su calidad de vida.
- Contar con un sistema electoral y judicial donde destaque la imparcialidad e independencia de sus decisiones.
- Ejercer los recursos públicos de manera responsable, solidaria, transparente y sobre todo con justicia social.
En conclusión, México más allá de los tiempos electorales vive momentos de definiciones, como sociedad y como gobierno donde los factores de riesgo sociales, económicos, políticos y de seguridad están más latentes que nunca, si no son atendidos oportuna y adecuadamente podrían detonar un déficit o crisis de gobernabilidad, por lo que, es necesario tomar medidas preventivas con legalidad y con instituciones para lograr un equilibrio dinámico entre las demandas sociales y capacidad de respuesta gubernamental,[1]donde la legitimidad, la eficiencia y la ética pública sean los principios insoslayables de nuestra democracia y sobre todo de la gobernabilidad.
[1] http://www.institut-gouvernance.org/es/analyse/fiche-analyse-334.html
