Nuestras niñas

Conforme a los resultados definitivos de la Encuesta Intercensal 2015, se estima que en México residen poco más de 39 millones de niñas, niños y adolescentes menores de 18 años, lo que en términos relativos representa 32.8% de la población total. Del total de población infantil y adolescente, el número de niñas y adolescentes asciende a 19.4 millones, esto significa que 16.2% de la población total en México son niñas o adolescentes y en cada una de ellas se identifican necesidades y derechos en momentos muy particulares de su desarrollo.

Del total de población femenina de 0 a 17 años, 5.1% (987,484) es menor a un año de edad, 27.2% (5’274,059) son niñas de uno a cinco años, 33.7% (6’516,148) se encuentran en un rango de edad de seis a 11 años y 34% (6’581,314) son adolescentes de 12 a 17 años.

Primeros cuatro años de vida

En México un logro importante para la sobrevivencia de menores en su primer año de vida fue reducir la letalidad de enfermedades respiratorias, infecciosas y parasitarias como principales causas de muerte en las primeras cuatro décadas del siglo XX. A partir de entonces se implementó una expansión progresiva de campañas sanitarias enfocadas a reducir la morbilidad y la mortalidad, sobre todo en infantes, y se logró reducir la tasa de mortalidad infantil de menores de un año. En los últimos 25 años, la tasa de defunciones de menores de un año por cada 100 mil nacidos vivos se redujo de 32.5% en 1990 a 12.5% en 2015.

Durante el 2015 se registraron 11,445 muertes en niñas menores de un año. Dentro de las causas de muerte de este grupo de población destacan dos causas principales, las afecciones originadas en el periodo perinatal, responsables de 48.5% de las muertes en niñas menores de un año, y malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas que representa 26.5%, es decir, estas dos causas agruparon 75% de las muertes de niñas menores de un año.

Otro derecho de la niña o niño después de su nacimiento es la inscripción inmediata al registro civil para gozar de un nombre y una identidad. De acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), “la identidad consiste en el reconocimiento jurídico y social de una persona como sujeto de derechos y responsabilidades y, a su vez, de su pertenencia a un Estado, un territorio, una sociedad y una familia, condición necesaria para preservar la dignidad individual y colectiva de las personas”.

Datos de la Encuesta Intercensal 2015 muestran que 96.7% de las niñas y adolescentes cuentan con acta de nacimiento, sin embargo, entre las menores de un año este porcentaje es sólo de 79.3%.

De acuerdo con el registro de nacimientos en 2015, del total de niñas y adolescentes registradas ese año, 88.8% fue registrada durante su primer año de vida y el resto (11.2%) realizaron su registro en edades de uno a diecisiete años. La condición de registro extemporáneos mayor conforme la escolaridad de la madre es menor, sobresale el hecho de que la proporción de niñas con registro extemporáneo es menor que en los niños.

Otro importante derecho del infante en sus primeros cuatro años de vida se refiere a su incorporación al Sistema Nacional de Educación Básica. En México durante 2002 se decretó que la educación preescolar debe cursarse de forma obligatoria y conforme a la Ley General de Educación es obligación del Estado (Artículo 3) y de los padres (Artículo 4) hacer cumplir este derecho que tienen todas las niñas y niños de 3 a 5 años de edad.

Datos de la Encuesta Intercensal 2015 indican que 63.3% de las niñas de 3 a 5 años de edad cuenta con algún grado de preescolar (ligeramente mayor al 62.7% de niños), por lo que 1’146,359 niñas, que representan 35.4% del total de niñas de 3 a 5 años, no asisten a la escuela, por lo que no se encuentran desarrollando aún sus habilidades escolares para este nivel y conforme a la opinión de especialistas en esta materia, puede repercutir en su aprendizaje y futura socialización en los subsecuentes niveles escolares.

Las niñas a partir del quinto año de vida

Datos de la Encuesta Intercensal 2015, reflejan que, de cada 100 niñas de 6 a 11 años, dos no asisten a la escuela y 11.5% aún no desarrollan su habilidad de lectoescritura. Si una niña no recibe educación elemental que potencialice su habilidad de leer y escribir, se atenta contra un derecho universal y el efecto para quienes lo padecen resulta devastador: “haciendo que las personas carezcan del reconocimiento social que merecen, presenten baja autoestima, autonomía y poca reflexión crítica; sean ‘víctimas de engaños’ y presenten limitaciones a la hora de conocer y de acceder a los derechos individuales que la ley les otorga”.

El analfabetismo es un problema de naturaleza estructural y estrechamente vinculado con la pobreza. Es en las regiones menos desarrolladas donde los índices más altos de población que no sabe leer ni escribir un recado se concentran; en localidades con menos de 2,500 habitantes la proporción de niñas de 6 a 11 años sin habilidad de lectoescritura es de 16.2%; este porcentaje es cercano al doble respecto de niñas residentes en localidades de 100,000 y más habitantes (8.9 por ciento).

En los adolescentes, el analfabetismo funcional se refiere a aquellos que tienen acreditados menos de tres grados de primaria, “dicho criterio considera los resultados de diversas investigaciones y encuestas, las cuales establecen que quien no ha completado al menos tres grados de educación, tiene una alta probabilidad de regresar al estado de analfabetismo y, aquellos que tienen tres o más grados, ya han pasado el umbral a partir del cual ya no se convierten en analfabetos por desuso y son capaces de utilizar la lectoescritura en su vida y trabajo cotidianos”.

El UNICEF afirma que las adolescentes que no saben leer y escribir tienen más probabilidades de casarse precozmente, quedar embarazadas y menos posibilidades de contar con conocimientos amplios sobre el VIH/sida y de tener hijos saludables. Cifras de la Encuesta Intercensal 2015 muestran que la proporción de adolescentes analfabetas funcionales de 12 a 17 años es de 1.6%, y que esta proporción aumenta a 2.4% para aquellas que viven en localidades de menos de 2,500 habitantes.

De las adolescentes de 13 a 15 años de edad en 2015, 5.2% o no han concluido aún la primaria, o han cursado sólo preescolar o bien no cuentan con ningún nivel de escolaridad y 10.8% de ellas ya no asiste a la escuela; mientras que 15.8% de las adolescentes de 16 y 17 años, declararon no haber terminado la secundaria o tener un nivel de escolaridad menor y 67.4% de ellas tampoco asiste a la escuela.

De las adolescentes de 16 y 17 años, 69.2% asiste a la escuela, de ellas 92.6% cursa estudios de nivel medio superior o técnicos o comerciales con secundaria terminada, y 7% cursa estudios de secundaria o menor nivel de escolaridad. De las adolescentes de 16 y 17 años, 30.6% no asiste a la escuela.

Las niñas y adolescentes en condiciones de vulnerabilidad

La vulnerabilidad se asocia a un “riesgo social” en el que pueden incurrir sectores de la población debido a su contexto socioeconómico, doméstico o comunitario. Una definición más formal señala que “la vulnerabilidad es la condición de riesgo latente que padece un individuo o una familia como resultado de la acumulación de desventajas sociales, que impiden que esta situación sea superada por ellos mismos y queden limitados para incorporarse a las oportunidades de desarrollo”. En particular, la población con discapacidad y los hablantes de lengua indígena experimentan contextos en que se manifiesta esta vulnerabilidad en la vida cotidiana de las niñas, niños y adolescentes.

Discapacidad

En el Artículo 25 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad(CDPCD) se establece que todas las personas con discapacidad tienen derecho a gozar de buen nivel de salud. En ese sentido se muestran datos de afiliación y uso de servicios de salud en la población de niñas y adolescentes de 3 a 17 años de edad con discapacidad o limitación.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2014 del total de niñas y adolescentes, 1.6% tiene discapacidad y 5.2% limitación; por condición de afiliación en ambos grupos se tienen las mismas proporciones. El 86.4% de las niñas y adolescentes con discapacidad o limitación son derechohabientes de algún sistema de salud proporcionado por el Gobierno Federal o local, siendo el Seguro Popular la opción que concentra casi dos terceras partes de ambos grupos de población, mientras que 13.6% no cuenta con afiliación a alguna institución de salud.

Cuando alguna niña o adolescente tiene algún problema de salud, que puede estar o no relacionado con su condición de discapacidad o limitación, acuden a alguna de las instituciones públicas o privadas que tienen a su alcance. Entre quienes acuden a algún lugar a recibir atención médica, se debe destacar que 22.8% de las niñas y adolescentes que tienen discapacidad y 26.7% de quienes tienen limitación prefieren acudir al consultorio de una farmacia o algún hospital, clínica o consultorio privado, proporción que resulta superior a quienes acuden a alguna clínica u hospital del IMSS.

Hablantes de lengua indígena

De acuerdo con el UNICEF, en nuestro país “los niños indígenas constituyen una población de muchas carencias y con un bajo grado en el cumplimiento a sus derechos más fundamentales, los cuales se expresan entre muchos otros, en el trabajo infantil y en una ausencia escolar”. De acuerdo con información generada por la Encuesta Intercensal 2015, en nuestro país residen 1.9 millones de niñas, niños y adolescentes de 3 a 17 años que hablan lengua indígena, de las cuales 49.9% son niñas y adolescentes.

La proporción de niñas y adolescentes de 5 a 17 años que hablan lengua indígena y no asiste a la escuela es 16.8%, esta situación transgrede un derecho, toda vez que en la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, en su Artículo 11, se garantiza “el acceso a la educación obligatoria, bilingüe e intercultural a todas las personas que hablan alguna lengua indígena, independientemente si además hablan o no español”.

En general, la no asistencia en este sector de la población tiene que ver con cuestiones de accesibilidad, muchos radican en localidades pequeñas y dispersas, lo que lleva a recorrer grandes distancias a pie bajo condiciones climáticas extremas o en transportes no muy adecuados o con alto costo monetario para las familias; también influye el hecho de que en estas comunidades se tiende a privilegiar el desarrollo del trabajo infantil en el campo.

Mensajes Clave

• Datos de la Encuesta Intercensal 2015 indican que en el país residen 19.4 millones de niñas y adolescentes menores de 18 años.
• Dos de cada 100 niñas de 6 a 11 años no asisten a la escuela; 18% de las adolescentes de 16 y 17 declararon no haber terminado la secundaria o tener un nivel de escolaridad menor.
• Una de cada 10 niñas y adolescentes de 5 a 17 años que hablan lengua indígena, no asiste a la escuela.

La evidencian estadística muestra, a partir de las cifras oficiales, que la tarea por proteger a nuestras niñas e infancia en general aún no ha terminado. Hemos podido posicionar una serie de derechos relevantes y avanzado substancialmente en la tarea de desarrollar la infraestructura y los recursos humanos capacitados para atenderlos. Es más que claro que debemos tener a nuestra población en forma y bien formada para mejorar la competitividad, luchar por este alto propósito debe ser parte de la visión continua que nos permita… Vivir con Sentido.