Por Eduardo del Buey

Martes 26 de septiembre, 2017

En una democracia, ningún nivel de gobierno puede llevar a cabo un curso de acción ilegal.

Soy un ciudadano de Canadá y España, dos democracias parlamentarias.

En una democracia parlamentaria los votantes eligen representantes, en los cuales depositan su confianza para gobernar. Se asume que los parlamentarios electos han desarrollado suficiente conocimiento de los temas y toman muy en cuenta la opinión pública, para poder crear políticas públicas y tomar decisiones que sirvan al bien común.

En una democracia parlamentaria, el público vota sobre una gama de temas y elige a los mejores candidatos que representen sus puntos de vistas y que estén comprometidos en alcanzar las mismas metas. Este sistema ha funcionado bien por años y ha servido a Canadá y a España, con sus respectivas constituciones.

Como fruto del sistema parlamentario, siempre he sido cauteloso en el tema de los referendos como un medio para tomar decisiones vitales nacionales. He experimentado tres en Canadá y estoy viviendo, ahora, uno en España.

Cuando la gente vota en un referendo, no necesariamente deciden sobre el tema en cuestión. Más bien, en muchas ocasiones, la gente es propensa a votar en función a cómo se sienten con los gobernantes actuales; y votan a favor o en contra de alguna propuesta, no por el tema principal, sino por una serie de factores que puede no tener ninguna relación con las preguntas hechas en el referendo.

En Canadá, dos de los referendos se llevaron a cabo en Quebec.

Aún cuando el objetivo final era obtener la autoridad para poder separar la provincia del resto del país, y crear una nación independiente, las preguntas en ambos referendos eran confusas, por describirlas de alguna manera. Eran largas y complejas, y no enunciaban claramente que las opciones eran la separación total o la permanencia en la confederación canadiense.

De hecho, los gobiernos separatistas en Quebec, en ambos casos, sabían bien que la mayoría no estaba a favor de la separación por completo. Hicieron las preguntas lo suficientemente confusas para poder crear la impresión de que el gobierno de Quebec simplemente buscaba negociar una asociación soberana. Nadie, del lado del gobierno de Quebec, emitió una visión clara de sus objetivos para satisfacción de los ciudadanos.

Sin embargo, inmediatamente después del segundo referendo, en el cual ganó de nuevo el “no”, el entonces primer ministro de Quebec, Jacques Parizeau, quien perdió la votación, dijo a sus entrevistadores que había planeado declarar inmediatamente la independencia, en caso de una victoria del “sí”, en las votaciones.

En España, la constitución no tiene previsiones para la separación regional. De hecho, la corte constitucional ha declarado que cualquier referendo sobre el tema de la ruptura nacional es ilegal, debido a que España es un estado unitario y no una federación de estados iguales e independientes.

El actual gobierno de Cataluña está planeando un referendo ilegal para el primero de octubre próximo, para decidir sobre la independencia inmediata de España y la disolución del país, como lo conocemos hoy en día. Quiere que en el referendo se elija una opción, sin importar el porcentaje de la población que participe. De hecho, si sólo vota un 50-60 por ciento de la población, el 51 por ciento de ese número no constituye una clara mayoría.

Creo que, si la gente de Cataluña quiere la independencia, tiene que elegir a una mayoría de partidos pro independencia a su parlamento, quienes deberán trabajar para pasar la legislación apropiada, tanto a nivel autonómico como al nacional.

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Sesión en el Parlament de Cataluña

Después de todo, si están proponiendo una separación de España, basándose en la Constitución española, todos los españoles deberían estar involucrados en el proceso que podría disolver su país.

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Miembros de la CUP, partido radical de izquierda antisistema

Como es el caso en muchos países, la Constitución española no prevé la libertad de referéndum como mecanismo para la disolución del estado español. Esto ya ha sido proclamado por la corte constitucional.

El gobierno nacional ya tomó fuertes medidas legales, en los días recientes, para prevenir que se lleve a cabo el referendo ilegal.

Estoy de acuerdo con sus posturas y sus acciones.

En una democracia, ningún nivel de gobierno puede llevar a cabo un curso de acción ilegal.

Si Cataluña, de alguna manera, prosigue con el referendo, sus líderes se arriesgan a ser penalizados con períodos en prisión por sedición, según las leyes españolas. Con respecto a la Unión Europea, el portavoz principal Margaritis Schinas, dijo a POLÍTICO: “respetamos el orden constitucional español”.

Cataluña tiene su propio gobierno y lengua. Sus ciudadanos son libres de hablar español o catalán, y todos los servicios gubernamentales son proporcionados en catalán. Su cultura es extremadamente vibrante, y muy respetada, a nivel nacional e internacional. España está en paz tras una cruenta guerra civil hace ochenta años, y una dictadura que duró cuarenta.

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Hay algunos temas complejos aún por trabajar, como en cualquier país multicultural. Las quejas catalanas sobre las transferencias de pagos de Cataluña a regiones pobres en España son un irritante para muchos de los ciudadanos afectados. Temas sobre impuestos igual están sobre la mesa.

Pero España ha desarrollado fuertes instituciones democráticas en las cuales estos temas pueden ser discutidos, y soluciones pueden ser negociadas. Esta es la postura del gobierno español y también de la Unión Europea.

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Los catalanes deberían usar estas instituciones para alcanzar victorias, tanto para Cataluña como para España.

Es la única opción legal sobre la mesa.

Mérida, Yucatán
edelbuey@gmail.com

Fuente: La Jornada Maya