En Nueva York se inició ayer la asamblea general de las Naciones Unidas dedicada a revisar uno de los consensos intergubernamentales más cuestionables, contraproducentes e hipócritas del mundo contemporáneo: el de las políticas de criminalización y persecución de las drogas hoy tenidas como ilícitas. Esas medidas, cabe recordarlo, fueron impulsadas por el gobierno de Estados Unidos en la década de los 60, y desde entonces han dejado un saldo monumental de muerte, destrucción, sufrimiento y descomposición institucional y social en terceros países, empezando por el nuestro, cuyos gobiernos tuvieron el desatino de acatar, continuar y hasta profundizar las directrices de Washington en la materia.

La mayoría de las posturas que llegan a ese máximo foro de la comunidad internacional muestran una evolución aún insuficiente y siguen reflejando una mentalidad autoritaria y prohibicionista que pretende limitar los cambios a una despenalización parcial, condicionada y hasta excepcional a una sola de las drogas hoy prohibidas –la mariguana–, y es incapaz de comprender que el fracaso de la estrategia tradicional es tan rotundo que hace imperativo un cambio de paradigmas morales, legales, policiales, sanitarios, sociales y económicos con respecto del consumo, producción y distribución de estupefacientes.

En lo que parece haber un acuerdo embrionario es en la necesidad de reordenar las prioridades y abordar el combate a las adicciones, no mediante la guerra contra el narcotráfico, sino con un enfoque multidisciplinario que considere los factores económicos, sociales, políticos y culturales implicados en el asunto. En otros términos, empieza a gestarse un consenso sobre la necesidad de pensar antes en términos de salud pública que en lógicas policiales y militares.

En lo inmediato, mientras no se resuelva el asunto de la despenalización generalizada de las drogas y no se conciba un modelo de control de su consumo, resultaría suicida suspender la persecución de las organizaciones delictivas dedicadas al narcotráfico. Es preciso empezar a hacerlo con inteligencia –en las diversas acepciones del término– y no empeñándose en la tarea la fuerza militar y policial de los gobiernos. Las recomendaciones contenidas en el documento Nuestro compromiso conjunto de abordar y contrarrestar eficazmente el problema mundial de las drogas, no sólo incluyen la prevención, el tratamiento, la rehabilitación, la recuperación y la reinserción social de los adictos sino también la necesidad de hacer frente al lavado de dinero como una forma mucho más eficaz que las vigentes para desarticular a los cárteles.

Cabe esperar, por último, que el cambio de paradigma pueda transitar rápido de las resoluciones que adopte esta asamblea de la ONU a las legislaciones nacionales y aun antes de eso, las autoridades tengan la voluntad política necesaria para emprender el viraje que se requiere, dentro de los márgenes de las leyes vigentes.

FUENTE: http://www.jornada.unam.mx/2016/04/20/index.php?section=edito