El presidente Enrique Peña Nieto recibe la administración del Estado en un momento muy interesante de la historia de México. Tiene la oportunidad de inaugurar una era prometedora.

Conciliador político formado en la escuela del priismo tradicional de cuidado de las formas, Peña Nieto tiene en su DNA la idea de encontrarse con todos, y muestra cierta aversión a la confrontación. El país está experimentando una mejora en su economía que podría ser todavía más pronunciada si es capaz de trabajar con sus rivales políticos para promulgar las reformas que urgen al país.

El tema laboral y las reformas pendientes  pueden frenar la expansión económica, pero no tanto como la creciente violencia de los cárteles mexicanos que desalienta la inversión extranjera y el turismo.

Durante su campaña, Peña Nieto se comprometió a reducir a la mitad el índice de asesinatos, a incrementar el número de policías federales y a crear una nueva gendarmería para sustituir al Ejército en el combate a los criminales fuertemente armados en las regiones más azotadas por la violencia.  Decidió eliminar la Secretaría de Seguridad Pública y consolidar sus funciones en la Secretaría de Gobernación. Este movimiento tiene la intención de incrementar la coordinación de todos los esfuerzos federales para combatir los cárteles y la corrupción.

Hay quienes ven la solución al problema de la violencia en el regreso a las viejas prácticas de negociación y complicidad del PRIATO con los cárteles. Pero un pacto de este tipo no terminaría hoy en día con la violencia. La naturaleza de los cárteles y la dinámica que se da entre estos han cambiado de manera considerable desde que el PRI perdió la presidencia en el 2000, y los mismos obstáculos que han enfrentado sus dos predecesores panistas determinarán las opciones políticas de Peña Nieto.

Los candidatos presidenciales aspiran a instituir sus políticas particulares una vez que son electos; no obstante, cuando ocupan la silla presidencial suelen encontrarse con que su poder de decisión está muy acotado por fuerzas externas a su gobierno.

Los planes del Presidente para reformar la impartición de justicia serán limitados por la misma cultura mexicana. Y es que las instituciones tienden a reflejar el ambiente que las rodea, por lo que es muy difícil establecer una institución que sea resistente a la corrupción si la cultura que prevalece no apoya sus esfuerzos.

Otro obstáculo que enfrentará este gobierno será que el flujo de narcóticos de Sudamérica a los Estados Unidos se ha modificado en las últimas dos décadas. Debido a las acciones del gobierno norteamericano, las rutas del narcotráfico a través del Caribe han sido restringidas, desplazando su curso hacia México. Al mismo tiempo, las autoridades de Colombia y los Estados Unidos han hecho un progreso considerable en su campaña para desmantelar a los cárteles colombianos más poderosos. Esto ha dado como resultado que el poder de los cárteles mexicanos sea cada vez mayor.

De hecho, han expandido su control sobre el comercio global de cocaína y ahora manejan gran parte del tráfico de esta droga en Europa y Australia. Siempre han estado envueltos en el tráfico de marihuana en los Estados Unidos, pero en años recientes también han incrementado su participación en la producción de metanfetamina y heroína para el mercado norteamericano, así como en el contrabando de medicamentos controlados, como el  “oxycodone”. Mientras el mercado de la cocaína en los Estados Unidos ha ido ligeramente a la baja, el consumo de otras drogas se ha incrementado, dejando una lucrativa ganancia a los cárteles mexicanos. A diferencia de la cocaína, que deben comprar a los productores sudamericanos, las mafias mexicanas obtienen millonarias utilidades de los narcóticos que ellas mismas producen.

Gracias a la modificación de las rutas del narcotráfico y al tipo de drogas que por estas se mueven, dicha actividad se ha vuelto más lucrativa que nunca y el creciente valor de estos corredores ha incentivado la competencia para controlarlos.

Esta competencia entre los cárteles se ha traducido en una violencia significativa, no solo en las ciudades fronterizas como Juárez y Nuevo Laredo, sino en los puertos de Veracruz y Acapulco, así como en enclaves regionales de transportación, como Guadalajara y Monterrey.

La naturaleza de los cárteles mexicanos ha evolucionado. Lejos están los días en los que un solo individuo como Miguel Angel Félix Gallardo podía presidir una poderosa organización como el Cártel de Guadalajara, capaz de controlar la mayor parte del tráfico de droga a través de México y resolver disputas entre organizaciones subordinadas.

El clima post-Cártel de Guadalajara ha dado lugar a una de las más viciadas confrontaciones entre mafias rivales, que ha adquirido tintes paramilitares al reclutar expolicías y miembros de las fuerzas especiales del Ejército. Hoy es común que estos grupos se batan con armas para uso exclusivo del Ejército; de hecho, con frecuencia rebasan en recursos, tecnología y armamento a las fuerzas del orden.

Es importante notar que las operaciones del gobierno de Calderón no son la causa primaria de la violencia. En cambio, los asesinatos y los delitos sí se deben a la violencia que ejercen unos cárteles contra otros.

La administración de Calderón ha sido criticada por decapitar a los grupos criminales, lo que de algunos años a la fecha ha fragmentado a organizaciones como la de Beltrán Leyva, la Familia Michoacana y el Cártel del Golfo, causando un incremento de la violencia entre los grupos que prevalecen y los que van surgiendo en el camino. Pero la verdad es que ese tipo de violencia comenzó en los años 1990s, mucho antes de que se implementara la estrategia de Calderón.

Dado que la lucha por el control de las lucrativas rutas del narcotráfico y de los puntos de venta del narcomenudeo es la causa primaria de la violencia, aun si la administración de Peña Nieto abandonara la estrategia decapitadora de su predecesor y retirara de las plazas a las fuerzas militares, la enconada guerra entre los cárteles continuaría.

Por esa razón, Peña Nieto se verá forzado a mantener el apoyo del Ejército en el futuro previsible. Hay quienes creen que sacar el Ejército a la calle es un error, sobre todo sin haber construido el andamiaje institucional necesario. Sin embargo, aunque la gendarmería que propone Peña Nieto sea capaz de respaldar esas acciones, pasarán muchos años antes de que las fuerzas policiacas sean autosuficientes para reemplazar a los 30 mil soldados y marinos dedicados a mantener la paz en las áreas más violentas.

Por otro lado, de poco sirve una buena policía si los malos no son juzgados por los jueces. Este tema no prescribe y Peña Nieto no debe pasarlo por alto.  Es indispensable invertir en un ministerio público y un poder judicial eficientes.

Otra variante de los cárteles actuales es aliarse con las pandillas callejeras y pagarles con producto, lo cual se traduce en un creciente aumento del narcomenudeo y el consumo de drogas en México. Las drogas ya dejaron de ser la mercancía que solo transitaba a través del territorio mexicano mientras se dirigía a su objetivo final, el mercado de los Estados Unidos. El aumento de la distribución local ha traído consigo una segunda oleada de violencia, ya que las bandas callejeras se pelean las plazas para vender droga a detalle en las ciudades del país.

Finalmente, la mayoría de los cárteles ha diversificado sus actividades criminales, dedicándose al secuestro, la extorsión, el contrabando y la piratería, la trata de personas, la prostitución y el fraude cibernético, entre otras. Los Zetas, por ejemplo, hacen mucho dinero robando combustible de los ductos de Pemex. Por eso, estos grupos ya no son llamados cárteles de la droga, sino organizaciones criminales.

Con los cambios registrados desde 1990 en los patrones con los que operan estos grupos, en los tipos de drogas que trafican y en las organizaciones mismas, será extremadamente difícil para la entrante administración ignorar sus actividades y sacar las manos del fuego.

En conclusión, tal parece que el presidente Peña Nieto no tendrá oportunidad de alejarse demasiado de las políticas de Calderón en lo que a la lucha contra el crimen se refiere.

No obstante, puede apuntalarla con mejores estrategias de inteligencia, de combate al lavado de dinero y de impartición de justicia. Pero sobre todo, con políticas públicas que por un lado,  fortalezcan aquellas instituciones que combaten el germen de la delincuencia, porque transmiten los valores humanos que previenen este tipo de problemas sociales: la familia, la escuela y las instituciones religiosas; y por otro lado, que promuevan la generación de riqueza y el fomento del empleo, a fin de evitar que los jóvenes vean las actividades criminales como una posible fuente de ingresos.

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