En México, hombres y mujeres poseen igualdad jurídica ante la ley, como lo expresa el artículo cuarto constitucional. Sin embargo, esta igualdad jurídica no contempla una de las principales diferenciaciones biológicas de ambos sexos: la de ser madre.

 

“La realización de pruebas de embarazo antes y después de la contratación laboral, toma como pretexto la no productividad de la mujer y la desventaja que los empleadores perciben en los gastos y atenciones que esta situación requiere”, así lo expresa la Maestra Diana Ibarra Soto, del Centro de Investigación Social Avanzada (CISAV). Esta forma de pensar y la falta de apoyos gubernamentales hacen que nuestro país sea catalogado como uno de los sitios que menos incentivos concede a este sector en materia laboral, por no señalar otros rubros.

 

“Es importante que las mujeres sepan cómo ejercer sus derechos en esta materia, pues lo poco que se conoce sobre las tasas de discriminación por embarazo deriva de la denuncia de dicha práctica o de la búsqueda de apoyo de las mujeres en distintas instituciones gubernamentales. Desgraciadamente, estos datos no expresan plenamente la realidad, debido a la falta de información de las afectadas y de las mujeres en general”, señala la investigadora.

 

De la década de los noventa al 2008 se incrementó más del 6% el número de madres que trabajan, situación que no se ve reflejada en la adecuación de la legislación nacional, pues no se han podido establecer leyes que protejan en su totalidad a la mujer de la discriminación laboral por embarazo. Por ejemplo, se sabe que desde 1997 el despido por embarazo y la petición del certificado de ingravidez es ilegal en todas las dependencias públicas del Distrito Federal; sin embargo, en el segundo caso, la Junta de Conciliación y Arbitraje no tiene medios en el ámbito legal para castigar a los empleadores que lo exigen.

 

De acuerdo con las cifras de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH, 2006), a un 10.7% de las mujeres trabajadoras se les solicitó el certificado de ingravidez (no embarazo). El uno por ciento de estas mujeres resultaron embarazadas, y como consecuencia, se les disminuyó el sueldo, no se les renovó el contrato laboral o simplemente fueron despedidas. Sin duda, “esta es una forma de violencia y discriminación a la mujer que busca un desarrollo profesional y que lamentablemente se topa con serias dificultades si se encuentra embarazada”, enfatiza Ibarra Soto.

 

En contraste con otros países,  no se conoce con claridad la persistencia o los motivos asociados con la violencia laboral por embarazo en nuestro país. Los empleadores olvidan que estar embarazada no es un estado que reduzca la aptitud o la capacidad de la mujer para desempeñarse laboralmente.

Norma Ramos

TAD-Think, Action and Development